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Planes de Pensiones

Los planes de pensiones son una opción de ahorro para la jubilación, que además conlleva ventajas importantes, sin embargo son muchos los mitos que se han generado en torno a esta posibilidad que puede beneficiar a multitud de personas. Las confusiones más importantes tienen que ver con la rentabilidad y el momento de rescate en los planes de pensiones. Afortunadamente, los expertos en economía son capaces de desmentir estos mitos, reflejando la realidad de manera objetiva.

Como podemos ver en este post, si nos detenemos a conocer un poco más sobre el funcionamiento de un plan de pensiones, quizás encontremos la forma de ahorro que buscábamos para garantizar un futuro confortable. Por ello, queremos contribuir a la verdad, explicando en qué consisten los mitos más generalizados.

 La rentabilidad de un plan de pensiones, más alta de lo que se cree

Existen tres mitos fundamentales que tienen que ver con la rentabilidad de un plan de pensiones. Veamos cuáles son:

BAJA RENTABILIDAD

Muchas personas piensan que los planes de pensiones suponen rentabilidades bajas en comparación con otras formas financieras de ahorro. Pero, es importante tener en cuenta que la rentabilidad de cualquier instrumento financiero depende de la estrategia de inversión que se lleve a cabo y del capital invertido. La rentabilidad de un plan de pensiones se ve mejor a largo plazo y, por ejemplo, al cabo de 25 años, si se sitúa en el 4,32%, este se traduciría en un retorno de 3 euros por cada euro invertido.

SOY DEMASIADO JOVEN

Los planes de Pensiones se relacionan tanto con la jubilación, que se cree que no resulta beneficioso para los jóvenes. Pero precisamente, lo interesante de esta forma de ahorro es la rentabilidad que proporciona a largo plazo. Los expertos aseguran que adquirirlo entorno a los 30 años sería lo ideal, ya que permite afrontar el ahorro con más tranquilidad y más margen para hacer frente a imprevistos.

ES ARRIESGADO

Hay personas que creen que con un plan de pensiones se invierte en activos de riesgo. Es cierto que algunos pueden invertir en esta tipología de fondos para ajustarse a perfiles que quieran asumir más riesgo a cambio de obtener una rentabilidad mayor. Sin embargo, también existen planes para perfiles conservadores, incluso planes garantizados que permiten conocer previamente la rentabilidad que va a suponer.

Además, cabe la posibilidad de adquirir un plan de pensiones mixto, con el que es fácil encontrar una opción que se ajuste al perfil del ahorrador.

El momento del rescate, más liquidez es posible

Los siguientes tres mitos sobre la liquidez en los planes de pensiones, también son bastante frecuentes y perjudican el verdadero conocimiento sobre esta posibilidad de ahorro, interesante para muchas personas. Veamos cuáles son:

NO PUEDEN TOCARSE HASTA LA JUBILACIÓN

Los planes de pensiones son instrumentos de ahorro a largo plazo y resultan muy ventajosos de cara a la jubilación, pero lo cierto es que hay algunas circunstancias en las que sí puede producirse el rescate de un plan de pensiones previo a la misma, como el de desempleo de larga duración, enfermedad grave, invalidez o fallecimiento. Además, desde hace unos años, la ley permite rescatar planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad.

LA INVERSIÓN SE PIERDE EN CASO DE FALLECIMIENTO

Muchas personas creen que la inversión desaparece si fallece el titular, pero esto es completamente falso. Tal como hemos detallado en el párrafo anterior, en caso de fallecimiento se produce una opción de rescate que pueden realizar los beneficiarios designados de forma expresa por el titular y, si no los hubiera, pueden ser beneficiarios los herederos naturales o los reflejados en un testamento.

SE PAGAN MUCHOS IMPUESTOS

Es extendida la creencia de que el Estado se queda con gran parte de nuestra inversión. La realidad es bien diferente, ya que, las aportaciones que se realizan a nivel individual en un plan de pensiones suponen una reducción en la base imponible, considerando los límites legales y, además, suponen la aplicación de desgravaciones en la Declaración de la Renta anual. Por ello, los planes de pensiones permiten contar con más liquidez en el presente que se puede reinvertir en el propio plan o en otra alternativa. Por otro lado, si se realizan aportaciones a planes colectivos a cargo de una empresa, suponen un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

Ahora que ya conoces sobre los Planes de pensiones puedes informarte de las opciones que te ofrecemos desde Bilbarcos Gestión.

Seguros de decesos

Seguros de decesos

Evita problemas a tu familia

Seguro de decesos y seguro de asistencia familiar te garantiza los gastos y tramites necesarios, para el enterramiento o sepelio y traslado desde cualquier lugar del mundo. Incluye la realización de todos los trámites, procesos y gestiones de un fallecimiento.

Este seguro de asistencia familiar y decesos cubre una gran variedad de servicios (asistencia fallecimiento, libre elección de cementerio, servicio fúnebre, testamento online etc.). Un servicio de atención telefónica 24 h., que con tan sólo una llamada se ocuparán de todos los trámites necesarios mediante una rápida y eficaz gestión.

La tranquilidad de dejar todo bien atado.

¿Qué te cubre el seguro de decesos y asistencia familiar?

  • Pago de capital por fallecimiento o prestación del servicio, hasta el límite del valor asegurado.
  • Devolución del exceso del capital, si lo hubiera.
  • Traslado nacional e internacional del asegurado fallecido al lugar de inhumación en España.
  • Acompañamiento de restos mortales, gastos de desplazamiento y estancia.
  • Transporte o repatriación de asegurado/s acompañantes.
  • Servicio de orientación jurídica y fiscal y obtención de documentos y trámites de gestoría, tales como: certificado de últimas voluntades, defunción, nacimiento y de matrimonio, elaboración de testamento online de manera fácil y sencilla.
  • Asistencia en viaje a personas en el extranjero (asistencia médica y sanitaria del herido o enfermo hasta 12.000 € por asegurado; convalecencia en hotel del asegurado; transmisión de mensajes; envío de medicamentos …)
  • Elaboración de Testamento online. El asegurado y su cónyuge dispondrán de este servicio gratuito, consistente en el asesoramiento legal de la elaboración del testamento. Un abogado redactará, de forma gratuita, tu testamento online, ajustándolo a tu situación personal.
  • Orientación psicológica al duelo.
  • Borrado de identidad digital del fallecido. A través de este servicio los herederos pueden solicitar la eliminación de la información personal que puede aparecer sobre el familiar fallecido en las redes sociales.
  • Orientación dietética y nutricional telefónica.
  • Consulta pediátrica gratuita.
  • Consulta ginecológica gratuita.
  • Servicio de enfermería a domicilio.
  • Servicio de fisioterapia a domicilio.
  • Limpieza bucal gratis al año.

Porque contratar un seguro de salud

Porque prevenir vale más que curar

Porque contratar un seguro de salud ? Puede que estés pensando en adquirir un seguro de salud. Es una buena idea. Los seguros de salud en España ofrecen importantes ventajas, como el acceso directo al especialista: puedes ir a él cuando quieras o creas que lo necesitas, a tu criterio. Eso sí, este servicio, como todo producto de seguro, tiene sus complejidades y, por ello, es importante que tengas en cuenta algunas cosas. Aquí te damos una serie de consejos básicos.

1.- Sé consciente de que tu seguro de salud te acompañará muchos años. Cuando juzgues la capacidad de servicio o de evolución de tu seguro, no lo veas todo en relación con las necesidades de atención sanitaria que tienes ahora. Tu vida será larga, y es importante que tu seguro sea capaz de responder a las necesidades que vayan surgiendo.

2.- Piensa en grupo. Si no estás solo en la vida, plantéate la posibilidad de un seguro en grupo, que englobe a tu cónyuge, a tus hijos, a tus seres queridos. El seguro siempre se siente más «cómodo» asegurando a varias personas a la vez (así los riesgos se compensan mejor), y es probable que una póliza familiar te traiga más a cuenta que una agregación de contratos individuales con las mismas coberturas.

El seguro siempre se siente más «cómodo» asegurando a varias personas a la vez

3.- Sé sincero en el cuestionario. Si tu asegurador te presenta un cuestionario de salud para valorar tu situación en el momento de asegurarte, no caigas en la tentación de ocultar o enmascarar tal o cual detalle por ahorrarte unos euros en la prima. Si intentas eso estarás engañando y rompiendo la relación de buena fe que conforma un contrato de seguro.

4.- Acuérdate del seguro de salud en tu lugar de trabajo. Hoy por hoy, son muchas las empresas que se plantean suscribir seguros en favor de sus trabajadores. Esto es así, además, porque la legislación fiscal española es bastante generosa en este punto, de modo que puedes llegar a tener un seguro muy completo sin por ello tener que tributar por la prima que tu empresario paga a tu favor. En no pocos casos, además, estos seguros constituidos en el ámbito de la empresa te dan la opción de incluir a tus familiares.

5.- Por supuesto, juzga las coberturas antes de comprar. Pídele a las aseguradoras sus cuadros médicos. Exige que te informen de las coberturas y especialidades incluidas en el contrato que te ofrecen. Plantéate supuestos imaginarios, y pregúntales qué tipo de cobertura obtendrías caso de sufrir tú o los tuyos esa dolencia. Infórmate bien sobre la oferta de servicios en las coberturas más comunes (urgencias, alumbramientos, etc.) Pregunta por los plazos de atención, por los centros hospitalarios disponibles en tu ciudad o en tu zona. No compres a ciegas.

6.- Elije entre reembolso y asistencia sanitaria. El seguro de salud se comercializa en dos modalidades básicas: la denominada de reembolso te abona un porcentaje (comúnmente bastante alto) de la factura que te presenta tu médico, al que por lo tanto eliges tú. El de asistencia sanitaria es un seguro que te provee de un cuadro de servicios médicos dentro del cual puedes elegir el que más te convenga o te guste, pero del que no te puedes salir.

El seguro de salud está para evitar que te pase algo, y si ocurre, poder atenderte

Cada modalidad tiene sus pros y sus contras, y si existen es porque hay diferentes tipos de consumidores que necesitan diferentes tipos de servicio. Pregúntate tú mismo con cuál te sientes más cómodo y, una vez que lo tengas claro, compara.

7.- ¿Y si me echan? Es casi imposible que en tu círculo íntimo no haya alguien que trate de disuadirte de adquirir un seguro de salud porque, te dirá, «ahora que eres joven le interesas, pero en cuanto empieces a tener achaques serios, te echarán». Plantéale esa historia a la aseguradora o aseguradoras con las que contactes, y es más que probable que te lleves una sorpresa bastante positiva: las aseguradoras no echan a la gente porque esté enferma. De hecho, en la asociación sectorial UNESPA existe un Código de Buenas Prácticas que regula esa renuncia a la oposición.

9-. También puedes prever la baja: En determinados casos (sobre todo, si eres autónomo) además del cuidado de la salud puede ser que te interese prever las consecuencias económicas de no poder trabajar porque te hayan operado o te hayas puesto enfermo. El seguro de salud también te puede ofrecer coberturas en esta materia.

10.- … y la prevención: no te olvides que el seguro de salud no sólo está ahí para atenderte cuando te pasa algo. También está ahí para impedir que te pase. Echa un vistazo a sus ofertas en materia de prevención. Con su ayuda, tal vez consigas reducir las estadísticas de obesidad de tu comunidad autónoma.

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¿Cómo reclamar las deudas de los vecinos en la comunidad de propietarios?

La morosidad de los propietarios es uno de los problemas más frecuentes y graves en las comunidades, repasamos las posibilidades existentes para reclamar estas deudas.

En los supuestos de mora de un vecino en cuanto a las cuotas de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén dos vías para reclamar al deudor: el procedimiento monitorio y el procedimiento declarativo verbal (para cuantías hasta 6.000€) u ordinario (cuantías superiores a 6.000€).

Centramos la atención en el procedimiento monitorio, pues es el más habitual en las reclamaciones de deudas en las comunidades de propietarios.

¿En qué consiste el procedimiento monitorio?

Se trata de un procedimiento judicial especial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario, que dota de facilidad de cobro a los acreedores siempre que el deudor reconozca la deuda. Si no es así y el deudor no paga voluntariamente ni se opone dentro del plazo concedido al efecto, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa en la que podrán embargarse bienes suficientes del demandado hasta que se abone totalmente la deuda reclamada.

Para poder iniciar este procedimiento debemos encontrarnos ante una deuda que reúna las características de: líquida (se puede expresar numéricamente o contiene los elementos necesarios para obtener la cantidad mediante una sencilla operación aritmética), vencida (ha de ser reclamable desde el momento de presentación de la solicitud inicial por haberse superado el plazo para su pago), determinada (se sabe con precisión el importe) y exigible (estando el deudor obligado a su pago).

¿Qué tramites previos a la reclamación deberá realizar la comunidad?

Como requisitos obligatorios y previos a la presentación por parte de la comunidad de la reclamación judicial, esta deberá haber cubierto una serie de trámites.

– El primer paso para reclamar la deuda es la celebración de una junta de propietarios, debidamente convocada, en la que se acuerde aprobar la liquidación de la deuda, así como autorizar al presidente o al administrador para exigirla judicialmente. El presidente debe justificar la vigencia en su cargo en el momento del otorgamiento de los poderes para pleitos o cuando inicia el procedimiento directamente. Esta justificación se hará por certificado del acta de nombramiento, testimonio notarial de la misma o testimonio del libro de actas de la comunidad de propietarios efectuado por el secretario del juzgado que está conociendo el proceso.

En determinadas circunstancias un vecino puede iniciar el procedimiento para la reclamación de la deuda, cuando la comunidad de propietarios haya sido informada de la situación y esta se haya mostrado pasiva o reacia a iniciar los trámites pertinentes.

– El segundo paso es comunicar al deudor, siempre por escrito, el acuerdo de liquidación de la deuda. Esta comunicación debe dirigirse en primer lugar al domicilio del deudor que haya indicado para las diferentes notificaciones referentes a la comunidad, en su defecto se hará en el piso o local que el deudor tenga en la comunidad; o de ser imposible por este medio, se efectuará la notificación mediante la colocación del acuerdo adoptado, durante tres días naturales, en el tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado al efecto, con expresión de la fecha y los motivos por los que se procede a notificar de esta forma. Debe ir firmada por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente.

– Liquidada la deuda y notificada al deudor este tiene un plazo de tres días desde que se le notifica el acuerdo de la junta para realizar el pago. Si no realiza el pago en dicho plazo el secretario debe emitir un certificado del mencionado acuerdo y del impago de la cantidad debida con el visto bueno del presidente de la comunidad de propietarios.

Habiendo cubierto estos trámites la  comunidad puede ya iniciar la demanda judicial contra el vecino moroso. La comunidad puede demandar ante el juzgado de 1ª instancia del domicilio o residencia del deudor, como también el del lugar donde radica la finca.

¿Cómo debe iniciarse este procedimiento monitorio? ¿Qué documentación debe aportarse?

Una vez cumplidos los trámites que acabamos de ver, para iniciar un proceso monitorio para la reclamación de deudas de la comunidad se ha de presentar por escrito una petición inicial en las que se hagan constar: los datos de identificación y contacto de la comunidad de propietarios y de su representante (presidente, administrador…), los datos personales, de contacto y demás circunstancias del deudor, los hechos que han originado la deuda y la cuantía de la deuda aprobada por la junta de propietarios y que así consta en la certificación expedida, así como si se ha realizado un requerimiento previo de pago que conste documentalmente, el importe de tales gastos.

Junto a la petición inicial deben acompañarse los siguientes documentos: certificación de acuerdo de la junta de propietarios aprobando la liquidación de la deuda y su impago, documento acreditativo de la notificación del acuerdo de liquidación al deudor, documento que acredite la condición de presidente o administrador de la comunidad y la autorización para formular la reclamación, justificante de los gastos ocasionados por el previo requerimiento de pago (correos, notario…) si se hubiese realizado, así como el documento acreditativo de la realización del mismo.

 ¿Necesita la comunidad contratar abogado y procurador para presentar el procedimiento monitorio?

No, una de las principales características del procedimiento monitorio es que no es necesaria la asistencia profesional de abogado y procurador para presentar la solicitud inicial, que puede ir firmada directamente por el interesado. No obstante, hay que tener en cuenta que en caso de oposición del demandado sí será obligatoria su asistencia en el posterior juicio declarativo si la cuantía de la deuda reclamada supera los 2.000€.

¿Cómo se desarrolla el proceso monitorio?

Presentada la petición inicial junto con los documentos necesarios para este tipo de procedimiento el juzgado acordará requerir el pago a la persona deudora para que, en el plazo de 20 días, pague o comparezca ante aquel y alegue en escrito de oposición las razones por las que a su entender no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.

A partir del requerimiento de pago al demandado se abren 3 posibles escenarios:

Pagar voluntariamente: que la persona deudora abone la deuda. Si el deudor paga, el secretario judicial ordenará el archivo de las actuaciones.

Dejar transcurrir el plazo sin pagar ni oponerse: si el deudor no atiende al requerimiento, se instará a la ejecución de la deuda. Se pone fin al procedimiento monitorio y se fija la cantidad que se puede reclamar en el posterior proceso de ejecución. Si inicia el proceso de ejecución forzosa para embargar bienes del deudor con el que hacer pago de la deuda. Para instar esa ejecución no será tampoco necesaria la intervención de abogado y procurador si la cuantía es inferior a 2.000€.

Oponerse: si el deudor se opone a la deuda se pone fin al procedimiento y  se deberá acudir al proceso declarativo ordinario o verbal en función de si la cuantía que se reclama supera los 6.000 euros o no. 

¿Qué plazo tiene la comunidad para reclamar las deudas?

En principio los expertos coinciden en señalar que todas las deudas de un propietario hacia la comunidad, ya sean gastos ordinarios o extraordinarios, tienen un plazo de prescripción de 15 años.

La morosidad de los propietarios es uno de los problemas más frecuentes y graves en las comunidades, repasamos las posibilidades existentes para reclamar estas deudas.


En los supuestos de mora de un vecino en cuanto a las cuotas de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén dos vías para reclamar al deudor: el procedimiento monitorio y el procedimiento declarativo verbal (para cuantías hasta 6.000€) u ordinario (cuantías superiores a 6.000€).

Centramos la atención en el procedimiento monitorio, pues es el más habitual en las reclamaciones de deudas en las comunidades de propietarios.

¿En qué consiste el procedimiento monitorio?

Se trata de un procedimiento judicial especial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario, que dota de facilidad de cobro a los acreedores siempre que el deudor reconozca la deuda. Si no es así y el deudor no paga voluntariamente ni se opone dentro del plazo concedido al efecto, el procedimiento finaliza automáticamente mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa en la que podrán embargarse bienes suficientes del demandado hasta que se abone totalmente la deuda reclamada.

Para poder iniciar este procedimiento debemos encontrarnos ante una deuda que reúna las características de: líquida (se puede expresar numéricamente o contiene los elementos necesarios para obtener la cantidad mediante una sencilla operación aritmética), vencida (ha de ser reclamable desde el momento de presentación de la solicitud inicial por haberse superado el plazo para su pago), determinada (se sabe con precisión el importe) y exigible (estando el deudor obligado a su pago).

¿Qué tramites previos a la reclamación deberá realizar la comunidad?

Como requisitos obligatorios y previos a la presentación por parte de la comunidad de la reclamación judicial, esta deberá haber cubierto una serie de trámites.

  • El primer paso para reclamar la deuda es la celebración de una junta de propietarios, debidamente convocada, en la que se acuerde aprobar la liquidación de la deuda, así como autorizar al presidente o al administrador para exigirla judicialmente. El presidente debe justificar la vigencia en su cargo en el momento del otorgamiento de los poderes para pleitos o cuando inicia el procedimiento directamente. Esta justificación se hará por certificado del acta de nombramiento, testimonio notarial de la misma o testimonio del libro de actas de la comunidad de propietarios efectuado por el secretario del juzgado que está conociendo el proceso.

En determinadas circunstancias un vecino puede iniciar el procedimiento para la reclamación de la deuda, cuando la comunidad de propietarios haya sido informada de la situación y esta se haya mostrado pasiva o reacia a iniciar los trámites pertinentes.

  • El segundo paso es comunicar al deudor, siempre por escrito, el acuerdo de liquidación de la deuda. Esta comunicación debe dirigirse en primer lugar al domicilio del deudor que haya indicado para las diferentes notificaciones referentes a la comunidad, en su defecto se hará en el piso o local que el deudor tenga en la comunidad; o de ser imposible por este medio, se efectuará la notificación mediante la colocación del acuerdo adoptado, durante tres días naturales, en el tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado al efecto, con expresión de la fecha y los motivos por los que se procede a notificar de esta forma. Debe ir firmada por el secretario de la comunidad con el visto bueno del presidente.
  • Liquidada la deuda y notificada al deudor este tiene un plazo de tres días desde que se le notifica el acuerdo de la junta para realizar el pago. Si no realiza el pago en dicho plazo el secretario debe emitir un certificado del mencionado acuerdo y del impago de la cantidad debida con el visto bueno del presidente de la comunidad de propietarios.

Habiendo cubierto estos trámites la comunidad puede ya iniciar la demanda judicial contra el vecino moroso. La comunidad puede demandar ante el juzgado de 1ª instancia del domicilio o residencia del deudor, como también el del lugar donde radica la finca.

¿Cómo debe iniciarse este procedimiento monitorio? ¿Qué documentación debe aportarse?

Una vez cumplidos los trámites que acabamos de ver, para iniciar un proceso monitorio para la reclamación de deudas de la comunidad se ha de presentar por escrito una petición inicial en las que se hagan constar: los datos de identificación y contacto de la comunidad de propietarios y de su representante (presidente, administrador…), los datos personales, de contacto y demás circunstancias del deudor, los hechos que han originado la deuda y la cuantía de la deuda aprobada por la junta de propietarios y que así consta en la certificación expedida, así como si se ha realizado un requerimiento previo de pago que conste documentalmente, el importe de tales gastos.

Junto a la petición inicial deben acompañarse los siguientes documentos: certificación de acuerdo de la junta de propietarios aprobando la liquidación de la deuda y su impago, documento acreditativo de la notificación del acuerdo de liquidación al deudor, documento que acredite la condición de presidente o administrador de la comunidad y la autorización para formular la reclamación, justificante de los gastos ocasionados por el previo requerimiento de pago (correos, notario…) si se hubiese realizado, así como el documento acreditativo de la realización del mismo.

¿Necesita la comunidad contratar abogado y procurador para presentar el procedimiento monitorio?

No, una de las principales características del procedimiento monitorio es que no es necesaria la asistencia profesional de abogado y procurador para presentar la solicitud inicial, que puede ir firmada directamente por el interesado. No obstante, hay que tener en cuenta que en caso de oposición del demandado sí será obligatoria su asistencia en el posterior juicio declarativo si la cuantía de la deuda reclamada supera los 2.000€.

¿Cómo se desarrolla el proceso monitorio?

Presentada la petición inicial junto con los documentos necesarios para este tipo de procedimiento el juzgado acordará requerir el pago a la persona deudora para que, en el plazo de 20 días, pague o comparezca ante aquel y alegue en escrito de oposición las razones por las que a su entender no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.

A partir del requerimiento de pago al demandado se abren 3 posibles escenarios:

Pagar voluntariamente: que la persona deudora abone la deuda. Si el deudor paga, el secretario judicial ordenará el archivo de las actuaciones.
Dejar transcurrir el plazo sin pagar ni oponerse: si el deudor no atiende al requerimiento, se instará a la ejecución de la deuda. Se pone fin al procedimiento monitorio y se fija la cantidad que se puede reclamar en el posterior proceso de ejecución. Si inicia el proceso de ejecución forzosa para embargar bienes del deudor con el que hacer pago de la deuda. Para instar esa ejecución no será tampoco necesaria la intervención de abogado y procurador si la cuantía es inferior a 2.000€.
Oponerse: si el deudor se opone a la deuda se pone fin al procedimiento y se deberá acudir al proceso declarativo ordinario o verbal en función de si la cuantía que se reclama supera los 6.000 euros o no.

¿Qué plazo tiene la comunidad para reclamar las deudas?

En principio los expertos coinciden en señalar que todas las deudas de un propietario hacia la comunidad, ya sean gastos ordinarios o extraordinarios, tienen un plazo de prescripción de 15 años.

En los supuestos de mora de un vecino en cuanto a las cuotas de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén dos vías para reclamar al deudor: el procedimiento monitorio y el procedimiento declarativo verbal (para cuantías hasta 6.000€) u ordinario (cuantías superiores a 6.000€).

Centramos la atención en el procedimiento monitorio, pues es el más habitual en las reclamaciones de deudas en las comunidades de propietarios.

El mal uso de patinetes eléctricos puede traer consecuencias penales

Los seguros en patinetes eléctricos.

Desde las aseguradoras advierten que un patinete eléctrico  «no es un juguete» y que su mal uso puede acarrear consecuencia penales.

Los patinetes eléctricos «no se consideran vehículos a motor y no deben cumplir con las exigencias que marca la ley para estos». Aun así, alertan de que «la falta de conciencia respecto a la normativa vigente sobre el uso de patinetes eléctricos ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las empresas que los venden expliquen correctamente las instrucciones de uso y, por otra parte, que los ayuntamientos promuevan la normativa que los regula de manera eficaz».

Seguro patinete electrico

Hasta la fecha, los distintos municipios han ido aplicando sus propias normativas para hacer frente al auge del patinete eléctrico., aunque ante la falta de consenso – y de cifras sobre accidentes y denuncias por parte de las Policías Locales- la DGT está trabajando para establecer una regulación mínima sobre los patinetes eléctricos, que contemplaría la prohibición de circular por la acera o de utilizar auriculares, así como establecer el límite de velocidad a 25 kilómetros por hora, entre otras medidas.

«Como se ha visto en el último año, los patinetes eléctricos tienen las mismas características técnicas, como la potencia de motor o la velocidad, que los ciclomotores, por lo que se les puede aplicar el Código Penal». Así, en caso de accidente mortal, se podría aplicar entre uno y cuatro años de prisión, mientras que cuando un patinete causa lesiones por una imprudencia grave, la pena podría oscilar entre los 3 meses y los 3 años de cárcel. «Estamos hablando de situaciones en que el conductor del patinete circule de manera indebida por la acera, esté utilizando el móvil o conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas.

También se aconsejan disponer de un seguro de Responsabilidad Civil, aunque éste no sea obligatorio, ya que si se dispone de un patinete eléctrico y se sufre un accidente en el que se es culpable, el seguro será hará cargo del resarcimiento a los terceros involucrados, ya sea un vehículo o un peatón.

Mas información sobre seguros en nuestra pagina de seguros

Seguro para mascotas

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Ponemos a tu disposición un teléfono de atención especializada en el que podrás consultar sobre:

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Seguro de ciberriesgos, qué debe cubrir ?

Los datos de un reciente estudio del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad),  cifra en unos 14.000 millones de euros el coste que supone estos ciberriesgos para las empresas españolas. También asegura que a diario son atacados entre 100.000 y 120.000 equipos en nuestro país. Tal situación está provocando un aumento de la preocupación por este asunto y por consiguiente, de la contratación de seguros de ciberriesgos. De hecho, este es el producto que más creció el año pasado en el sector empresarial y «será el seguro del año 2018», como señala Olivier Marcen, responsable de CyberEdge de la aseguradora AIG para la zona sur de Europa.

Por eso vamos a detallar las seis características básicas que debe contemplar un buen producto con una protección adecuada frente a los cibersiniestros son:

  1. Gestión de incidentes. Cubre los honorarios de asesoría legal, informática forense y relaciones públicas a la hora de gestionar, administrar y mitigar un incidente de seguridad de red o de privacidad.
  2. Protección de datos y responsabilidad cibernética. Ampara las reclamaciones de terceros derivadas de demandas por un fallo de seguridad en la red del asegurado.
  3. Ciberextorsión. Cobertura a las organizaciones ante las pérdidas resultantes de una amenaza de extorsión. Esto incluye rescates para poner fin a una extorsión, así como los honorarios de asesores especializados.
  4. Interrupción de la red o pérdida de beneficios. Responde a la pérdida de ingresos y gastos operativos del asegurado cuando su actividad se interrumpe o suspende debido a un fallo en la seguridad en la red.
  5. Fraude de transferencia de fondos. Cobertura de la pérdida financiera resultante de transferencias electrónicas realizadas de manera fraudulenta tras un ciberataque.
  6. Respuesta ante inspecciones y sanciones regulatorias derivadas de un uso indebido, control o proceso de datos personales.

Aparte de estos puntos básicos, la solución aseguradora de AIG, que se caracteriza por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las empresas, contempla el acceso 24 horas, los siete días de la semana, a un equipo de expertos en la gestión de ciberincidentes tras haber padecido una brecha de seguridad o un ataque de denegación de servicio.

Los inquilinos turísticos también necesitan seguro

Los inquilinos turísticos también necesitan seguro

Los inquilinos turísticos -como cualquier otro arrendatario- responden de los daños que causen en el inmueble arrendado, a terceros, colindantes y en los elementos comunes del edificio. El alquiler turístico está adquiriendo auge por el uso de plataformas digitales, y ello no es óbice para que el arrendatario a corto o largo plazo esté exento de asumir riesgos o provocar siniestros por acción u omisión.

Entre las responsabilidades que pueden afectar al inquilino o arrendatario, la locativa, que le obliga a responder ante el propietario, es prácticamente desconocida incluso para aquellos a quienes les suena el nombre, porque ignoran que al ser usuarios de viviendas en alquiler tienen que entregarlas en las mismas condiciones en las que las recibieron. También les afecta la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, por los posibles daños a terceros en el uso de las instalaciones de tales viviendas turísticas. En otras publicaciones en nuestro blog hemos tratado este asunto.

Es importante que los jóvenes, que son usuarios mayoritarios de los alquileres turísticos, tomen conciencia de la importancia de invertir en su propia seguridad, y en este sentido es muy ilustrativa una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que condena a una inquilina a pagar los daños derivados del incendio de la sartén en su vivienda.

Con independencia de que sean jóvenes o no, tanto los inquilinos turísticos que acceden a un arrendamiento ocasional, como cualquier arrendatario que va a contratar un alquiler estable o de temporada, debe suscribir un seguro de responsabilidad civil que responda de los posibles daños que puedan producirse a otro, por el uso de una vivienda en calidad de arrendatario, usuario o usufructuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.902 del Código Civil. Es importante señalar que el artículo 43 de la Ley del Contrato de seguro, la aseguradora tiene derecho a subrogarse para reclamar al causante de los daños. Y no vale la excusa de que el propietario tenga asegurada la vivienda, y como los muebles no son míos, no tengo que asegurarlos.

Soluciones seguras para los inquilinos turísticos y arrendatarios en general:
Si el propietario accede a incluir, en el contrato de seguro, al arrendatario como asegurado y la Aseguradora lo acepta, el arrendatario queda cubierto y no le cuesta nada.
El inquilino puede contratar un seguro de responsabilidad civil general que le cubra en cualquier situación, válido en todo el mundo, en su vida particular, con excepción de las actividades en las que la ley obligue a la suscripción de seguros concretos.
También puede suscribir un seguro multirriesgo del hogar que incluya entre sus coberturas las relativas al contenido y a la responsabilidad civil, para un arrendamiento concreto.
Situaciones de riesgo que pueden afectar a los inquilinos turísticos y arrendatarios en general:
Daños causados a los elementos comunes del edificio al subir o bajar escaleras o por el ascensor.
Incendios por sobrecarga que pueden provocarse en el uso de las instalaciones eléctricas, de la cocina, o al enchufar cargadores.
Pérdida de las llaves o inutilización de la cerradura.
Omisión de cierre de un grifo y derrame de agua a pisos inferiores o colindantes.
Rotura accidental de cristales, espejos, lunas y similares.
Cualquiera de estas situaciones puede generar indemnizaciones por encima de los 150 euros, lo que justifica la inclusión de este seguro de inquilinos dentro de la categoría de seguros inmobiliarios. Como información adicional, se puede añadir que el precio anual de un seguro que cubra estas contingencias es inferior a los 100 euros, menos de lo que cuesta media barra de pan cada día. En cualquier caso, siempre es conveniente el asesoramiento previo de un Corredor de Seguros, único profesional independiente cualificado para defender los intereses de los consumidores en lo que respecta a los seguros.

Certificado de eficiencia energética

Certificado de eficiencia energética

El certificado energético para un inmueble es una herramienta que permite medir la eficiencia energética de dicho inmueble o realizar una estimación de la eficiencia de una casa que está siendo construida o reformada.

Cada paí­s que implementa estas calificaciones desarrolla una normativa nacional especí­fica para cada una de las partes del proceso de calificación hasta la obtención del certificado energético definitivo del inmueble.

 

El sábado 13 de abril de 2013 se publicó en el Boletí­n Oficial del Estado el procedimiento relativo al certificado de eficiencia energética, el cual entrará en vigor el 1 de junio de 2013, incluyendo las posibles sanciones que se aplicarí­an en el supuesto de que los propietarios incumpliesen la nueva normativa.

 

¿A quién va dirigido el Certificado?

La normativa acerca de la certificación de eficiencia energética será exigible a todos los contratos de compraventa o de arrendamiento a partir del 1 de junio de 2013, afectando de forma directa a los propietarios que quieran alquilar o vender su vivienda.

Se incluyen en esta normativa las viviendas, las oficinas y los locales comerciales, existiendo también algunos casos de exención.

 

Además, el certificado de eficiencia energética pasa a ser una caracterí­stica más del inmueble, constituyendo una información básica que el vendedor debe ofrecer antes de formalizar el alquiler o venta del inmueble.

 

Según recoge el Artí­culo 12.2:

 

«Se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio.»

 

Información adicional

El certificado de eficiencia energética del inmueble tiene una validez de diez años. En caso de venta del inmueble, el vendedor tendrá que entregar al comprador en la notarí­a el certificado original y, si se trata de un alquiler, una copia al realizar la firma del contrato.

 

Se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio.

 

El propietario del inmueble debe contratar a un técnico habilitado que debe realizar una visita de toma de datos al inmueble.

 

La normativa establece dos tipos de inspecciones. Una para comprobar si el inmueble posee o no el certificado energético y otra para detectar y denunciar en su caso posibles falsedades en el certificado. En el caso de observarse deficiencias, el propietario del inmueble es el responsable de hacer frente a las multas o sanciones económicas, las cuales pueden llegar hasta un importe de 15.025 euros.

 

En el barómetro del certificado energético, aparecen distintos niveles representados por letras. Cada letra refleja el nivel de eficiencia alcanzado, siendo la letra «A» la que corresponde a la vivienda más eficaz y la letra «G» la atribuida a la vivienda más ineficaz.

 

El precio del certificado energético se estima en unos 250 euros según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), aunque es posible que su coste final se determine en función de las zonas geográficas o comunidades autónomas de que se trate o incluso pueda ser ofertado por cada técnico en función del tiempo invertido, metros de la vivienda u otro tipo de factores.

Ya llegó el verano, y los pisos turísticos

Empiezan los quebraderos de cabeza

Ya llegó el verano, y los pisos turísticos, pero ¿Es legal que mi vecino haya alquilado su piso para uso turístico? ¿Puede hacer algo mi comunidad al respecto? Esta pregunta se la hacen muchos propietarios de viviendas, sobre todo del centro de la ciudad, que ven como, llegado el verano, aparecen de repente caras nuevas en el edificio. Ruidos, fiestas nocturnas, molestias para el resto de propietarios que soportan los inconvenientes de este tipo de alquileres, cada vez más comunes.

 

Algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, han anunciado modificaciones en su Decreto que regula las viviendas urbanísticas, de 2014. En este caso concreto, se prevé la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan prohibir en sus estatutos las viviendas de uso turístico.

Pero, ¿De qué herramientas disponen las comunidades de propietarios para regular o impedir esta actividad?. Los tribunales han dictado sentencias, en favor y en contra, dependiendo de las circunstancias. Es posible que la Junta de Propietarios establezca una prohibición de dicha posibilidad, que la autorice, o bien que no se diga nada al respecto.

 

Los procedimientos utilizados por las Comunidades de propietarios han sido por lo general, la acción de cesación de actividades molestas o de actividades prohibidas en los Estatutos. El artículo 7.2 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal señala expresamente que «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

 

La acción prevista para la actividad prohibida o molesta es la llamada acción de cesación, estando legitimado el presidente de la comunidad, previa autorización de la Junta debidamente convocada, a interponer demanda a tal efecto, a través de juicio ordinario. Con la demanda se presentará requerimiento fehaciente al infractor y certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, pudiendo el juez acordar cautelarmente la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. Eso sí, la demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

 

Sigue señalando la ley que si la sentencia es estimatoria, también procede la indemnización de daños y perjuicios y privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.

Cuando la actividad se ha iniciado antes de que se prohíba en los Estatutos

Una sentencia dictada el pasado 19 de mayo de 2016 por la Sala de lo Civil del TSJ de Cataluña, entendió que era la lícita la actividad de uso de vivienda con fines turísticos y rechazó la demanda de cesación interpuesta por la Comunidad. Considera que la actividad per se y en abstracto no supone un daño o peligro para el edificio en la medida en que el uso intensivo de los elementos comunitarios por el trasiego de los ocupantes, no es exclusivo de este tipo de actividad, sino de otras como despachos profesionales o locales abiertos al público, puede ser compensado mediante la activación del mecanismo de establecer un incremento de la participación en los gastos comunes que corresponde a un elemento privativo concreto en el caso de uso o disfrute especialmente intensivo de elementos o servicios comunes.

 

Casos en que la acción de cesación ha prosperado

En distinto sentido falló la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 9 de octubre de 2015, donde prospera la acción de cesación de actividad de hospedaje. La resolución judicial realiza aquí un repaso a la normativa y doctrina jurisprudencial aplicable, que exige como requisitos de la acción ejercitada, que se dé la actividad con cierta continuidad o permanencia, que sea molesta para las personas que habiten en el inmueble y que dicha molestia sea notoria y ostensible. En este caso, constaban acreditadas las molestias e incomodidades que la pensión regentada por la demandada producía a los demás moradores del inmueble, tras las obras ejecutadas en ella, siendo contraria tanto a la ley como a los estatutos, al establecerse en ellos la prohibición de realizar en cada uno de los pisos o elementos privativos a excepción de los locales, actividad alguna que venga relacionada con, entre otras, la pensión o cualquier otro que se relacione con negocio económico de pernocta para terceros a título gratuito o remunerado. Se declaró la obligación de la propietaria de cesar en la actividad molesta en las condiciones en que se venía desarrollando, al no constar asentimiento de la comunidad de propietarios demandada, que interpuso la demanda cuando tomó conciencia de la problemática.

 

Por su parte, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Valencia de 6 de noviembre de 2014, declaró molestas y contrarias a los estatutos las actividades de arrendamiento como apartamentos turísticos de varias viviendas del edificio destinado a uso residencial privado. La sentencia señaló la ilegalidad de la actividad por ser contraria al título constitutivo, al suponer un cambio sustancial de destino y ocasionar molestias y trastornos para los restantes vecinos, que no tienen obligación de soportar por relaciones de vecindad. Legitimación pasiva de la propietaria de las viviendas por estar obligada al adecuado uso de las mismas y de las instalaciones. Es de destacar que se condenó a la indemnización de daños morales de 5.000 euros por cada demandante, teniendo en cuenta que la situación se prolongó durante más de un año y que las demandadas habían hecho caso omiso a los requerimientos efectuados en Junta de Propietarios.

 

El Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el asunto; así en una dictada el 27 de noviembre de 2008, estimó también la acción de cesación, que, en atención a la descripción que se hacía del inmueble en el título constitutivo, debía considerarse prohibida. Se trataba de la explotación de 18 viviendas para actividad hotelera en un edificio destinado mayoritariamente a uso residencial privado. La sentencia señala que aunque la jurisprudencia ha admitido que puede conjugarse el uso que resulta de la propia configuración de la vivienda «sin alterar su sustancia, con otras actividades accesorias», lo ocurrido en el caso es un cambio sustancial y prohibido en sí mismo del destino de las viviendas, que comporta un uso excesivo de las instalaciones comunes para el que no está preparado la finca.

 

La AP de Valencia, el 20 de noviembre de 2013, dictó sentencia en la que declaró que se estaban realizando en el edificio actividades de alquiler de apartamentos por días con fines turísticos, que vulneraba lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal por tratarse de una actividad prohibida por los Estatutos del inmueble. En esta resolución la Sala declara que si bien los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización sobre su inmueble y las restricciones a las facultades dominicales han de interpretarse limitadamente, debía considerarse que desde un primer momento la regulación estatutaria del edificio resultaba suficientemente explícita respecto del destino de los departamentos: vivienda o despachos profesionales, pero no que las viviendas se utilizaran para la explotación como apartamentos turísticos alquilados por días. Y cuando resulta lógico, por los consustanciales inconvenientes que puede suponer para el normal desarrollo de la vida comunitaria el continuo trasiego de personas con empleo de elementos comunes, como son ascensores, piscina, entrega de llaves de las casas y mandos de garaje, etc…, con el arriendo turístico por días, concebido para sus moradores permanentes y no para los ocasionales.

 

Impugnación de las normas comunitarias o de los acuerdos de la Junta de propietarios

La Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 24 de octubre de 2008 , desestimó la pretensión de varios vecinos dirigida contra la comunidad para anular la norma comunitaria contenida en las escrituras de declaración de obra nueva de los edificios implicados, que autorizaban la explotación de determinadas viviendas de la comunidad como apartamentos turísticos, con el consiguiente uso de las zonas comunes para tales fines. La Sala consideró que la explotación como apartamentos turísticos de varios pisos de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, cuyos restantes departamentos son destinados a la estricta función de vivienda, no es por sí misma una actividad molesta ni contraria a derecho. La cláusula discutida podía incardinarse dentro de las facultades del promotor el otorgamiento de título constitutivo de las comunidades, por haber sido autorizado de forma expresa por los compradores de las viviendas en los contratos de compraventa, y no tener carácter abusivo si se tiene en cuenta que éstos tenían conocimiento de la actividad mercantil de las sociedades demandadas.

 

En cuanto al acuerdo en junta de prohibir esta actividad en las viviendas toda actividad de uso residencial turístico, mencionamos la AP Barcelona que en sentencia de 1 de marzo de 2010 , consideró que no era admisible que una entidad o departamento de un edificio dividido en propiedad horizontal destinado en el título constitutivo a vivienda pueda destinarse a apartamento turístico o explotación hotelera sin la aprobación de la comunidad. Se hace mención a las molestias e incomodidades a los vecinos causadas por la explotación hotelera del apartamento de los actores.